El alcalde de Benejúzar, Antonio Bernabé (PP), contrató a un detective para que siguiera los pasos de un policía local que se encontraba de baja laboral, según los datos recabados por este periódico. Al parecer, el regidor intuía que podría haber algún tipo de irregularidad y concertó los servicios de un investigador para que lo vigilara.
Los honorarios de este profesional, que cobró 928 euros por dos días de trabajo, se cargaron a las arcas municipales y el dossier, cuya información no motivó la apertura de ningún expediente disciplinario al agente, quedó finalmente guardado en un cajón del despacho del regidor bajo el calificativo de «secreto».
Los hechos ocurrieron en julio de 2009, cuando el primer edil contrató los servicios del detective, quien se dedicó a seguir al policía el 28 y 29 de julio. Fue el 7 de agosto cuando, supuestamente, se emitió la factura, aunque la información recabada no fue suficiente para tirar por tierra los certificados médicos de baja presentados por el agente, unos documentos que motivaban el que no acudiera a su puesto de trabajo por prescripción facultativa tras haber sufrido un accidente de tráfico fuera del trabajo. Antes de contratar al detective y según el propio alcalde, un policía y un funcionario del Consistorio acudieron al centro de salud en el que se dio la baja al agente para conseguir el certificado que la justificara. Algo que no consiguieron porque el historial de los pacientes es estrictamente privado.