Ultimas noticias en prensa sobre presuntas actuaciones de espionaje relacionadas con la entidad BBVA y otros

La Asociación Nacional de Agencias de Detectives Privados de España, ante las últimas informaciones aparecidas en los medios de comunicación, deseamos precisar:

  • La investigación privada es una profesión regulada por la actual Ley 5/2014 que establece los requisitos legales de acceso a la profesión, entre ellos un altísimo nivel formativo, el más elevado, con gran diferencia, de los países europeos, así como las normas por las que han de regirse las investigaciones, que han de ser solicitadas por personas con interés legítimo en el asunto a investigar y desarrollarse bajo los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, dentro del más absoluto respeto a las normas legales que protegen los derechos y libertades de los ciudadanos.

 

  • Los más de 2500 despachos profesionales de investigación privada que operan en España, prestan sus servicios bajo un estricto código de deontología profesional y siempre respetando los derechos de los investigados. Los despachos de detectives realizan habitualmente investigaciones tanto para las principales empresas de éste país, como para PYMES y autónomos, siempre en lícita defensa de sus intereses empresariales y por extensión ayudando a la estabilidad económica y jurídica de todos los sectores empresariales y de muchos ciudadanos particulares que recurren al colectivo.

 

  • Los detectives privados españoles, colaboramos con distintos organismos del Estado a través de los diversos mecanismos establecidos, en el descubrimiento y denuncia de importantes bolsas de fraude que afectan a los distintos organismos recaudatorios del estado y por ende a toda la sociedad.

 

  • Desde nuestro colectivo condenamos enérgicamente cualquier práctica de espionaje, concepto diametralmente opuesto al de la investigación privada, e informamos que cualquier tipo de investigación debe solicitarse únicamente a los despachos de detectives privados legalmente habilitados por el Ministerio del Interior, que provee de la oportuna tarjeta de identidad profesional, que debe ser exigida siempre por cualquier persona que quiera contratar los servicios, para asegurarse de que las investigaciones que se realizaran estarán dentro de la normativa legal y deontológica.